La interrupción de la actividad empresarial supone cuantiosas pérdidas. Además de los costes económicos, la organización puede perder el compromiso de sus empleados y lastrar la confianza de los clientes. Para minimizar en lo posible las consecuencias del paro, los expertos recomiendan que la compañía informe oportunamente de la situación y ofrezca soluciones a los afectados.
En un ámbito más reducido como es un paro convocado en una empresa sucede lo mismo. A lo que se une la pérdida de reputación que puede sufrir la compañía por no atender una serie de reglas básicas: "La organización puede ver comprometido su prestigio si transmite la impresión de que no ha sido capaz de contener el conflicto laboral, que ha desembocado en la convocatoria de huelga, o en el caso de que la misma pueda sugerir el incumplimiento de la normativa de trabajo"
Si bien el derecho a la huelga es constitucional, se considera que "la sociedad entiende que se haga una huelga, lo que no comprende es que no se den explicaciones o no se pongan medidas para minimizar los efectos a terceros. Una compañía puede perder prestigio por no actuar con responsabilidad; y no sólo delante de sus empleados, también entre sus clientes y su competencia".
La huelga debe ser convocada para encontrar una solución. Si no se realiza con este fin, sino para desgastar o perjudicar, se ve como un acto irresponsable, como un juego político que puede afectar en gran medida a la organización y así, dañar su imagen.